Editorial – Violencia en Centroamérica: primer vistazo a un informe importante
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) está presentando en Centroamérica su Informe de Desarrollo Humano para América Central (2009-2010), el cual está dedicado al tema de la Seguridad Ciudadana. Se trata de un aporte valioso, donde se muestra una realidad dramática: Centroamérica es la región más violenta del mundo, sólo por detrás del cono sudafricano.
El Informe, que habrá que comentar más pormenorizadamente, además de mostrar un diagnóstico sombrío, profundiza en las posibilidades y los retos que tiene la región para dar soluciones a una inseguridad rampante. Y lo hace de forma valiente, llamando a las cosas por su nombre. Sin embargo, hay veces que llega al umbral de un tema espinoso y ahí se detiene, probablemente por razones diplomáticas. Una cuestión que se nota claramente es su decisión de generalizar a nivel regional, aunque distinguiendo entre países individuales. En otras palabras, aunque muestra la grave situación que identifica al Triángulo Norte de Centroamérica (compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador), no saca las verdaderas conclusiones del asunto.
Esta subregión no puede compararse sin más con el resto del contexto centroamericano: el Triángulo Norte se encuentra en una situación en la que la violencia y la criminalidad han iniciado el camino hacia un proceso inmanejable. Es en el análisis de estos tres países donde la descripción del Informe se suaviza y deja por fuera variables indispensables. Por ejemplo, cuando examina los principales delitos en Centroamérica, el Informe examina por igual los tradicionales (homicidios, agresión, robo, hurto, trata, etc.), pero no incluye la extorsión, que es uno de los delitos que distinguen al Triángulo Norte del resto de la región. Un delito, practicado sobre todo por las maras, que según la Cámara de Comercio de El Salvador afecta al 80% de los pequeños y medianos comercios (porque los grandes hace tiempo que consumen cantidades ingentes de seguridad privada). Como es fácil de imaginar, un país cuyo pequeño comercio está siendo extorsionado masivamente, es un país fuera de control en términos de seguridad. Y no incorporar esta variable en el cuadro diagnóstico es un vacío demasiado crítico.
No obstante, como se adelantó, el informe avanza en el sentido razonable, pese a algunas vacilaciones. Por ejemplo, subraya acertadamente que el problema de la inseguridad no es de izquierdas ni de derechas, que es necesario privilegiar los derechos humanos de las víctimas, y que en el fondo la solución depende de la solidez que muestre el contrato social existente en cada país. Deja claro que son los jóvenes varones quienes están pagando la factura principal de la inseguridad, con tasas de homicidios que son cuatro veces los promedios nacionales y veinte veces las que presentan las mujeres. Pero que presentan una diferencia notable: no tienen voz pública, de tal forma que se produce una doble sanción frente a otros sectores (comerciantes, transportistas, grupos de mujeres, etc.) que sí tienen voz específica de denuncia. Tampoco se muerde la lengua el Informe cuando deja claro que uno de los problemas del Triángulo Norte consiste en la repatriación producida desde Estados Unidos de verdaderos ejércitos de maleantes: ¿Qué país aguantaría el envío anual de diez mil personas con antecedentes delictivos?
Es respecto de la violencia juvenil donde se nota otro de los vacíos más graves. Cuando el Informe examina este tema, naturalmente en relación con el tema de las maras, no avanza respecto de los supuestos más comunes: familias disfuncionales y situación socioeconómica. Afortunadamente, el Informe no queda fijado en el tema de la falta de trabajo y de futuro económico de los jóvenes. Pero no explica claramente por qué, cuando ya hay estudios consistentes que indican que el ingreso de los jóvenes a las maras tiene lugar a edades muy tempranas, donde el tema del empleo no puede jugar un papel fundamental. En efecto, según las investigaciones más recientes, el 85% de los jóvenes ingresan a las maras antes de los 16 años, siendo las edades críticas 13 y 14 años. Sólo una visión adultocrática puede confundir el diagnóstico: los muchachos ingresan a las maras abandonando el sistema educativo, en edades en que no deben participar en la fuerza de trabajo.
Respecto del otro factor, referido al nicho familiar, el Informe tampoco avanza mucho. Considera que la desintegración familiar o experiencias familiares violentas son las que incrementan el riesgo de que los adolescentes y jóvenes ingresen a las maras. Sin embargo, investigaciones más afinadas han reflejado que los factores de mayor riesgo refieren al tema del cuido, en sus vertientes: individual y social. En efecto, más importante que las familias incompletas o las experiencias de violencia, aparece el grado de cuidado que los progenitores en particular y el entorno familiar en general, tienen respecto de los adolescentes. Desentenderse de qué está haciendo el o la adolescente durante las 24 horas del día incrementa más el riesgo de ingreso en las maras que cualquier otro tipo de disfunciones familiares. De igual forma, el cuido social de las personas adolescentes resulta fundamental. La atracción que en la edad adolescente tiene la conducta de riesgo, no puede compensarse con buenas palabras o sermones sobre el buen comportamiento. Es imprescindible ofrecer a los adolescentes alternativas atractivas en el campo del asociacionismo, el deporte, la recreación, la educación e incluso la contención psicosocial.
En suma, el cuido de las personas menores de 18 años se constituye en la verdadera clave de una estrategia preventiva de la violencia y la delincuencia juvenil, y debería ser una clave a examinar en los programas de los partidos políticos cuando ofrecen sus programas de gobierno en el campo de la seguridad ciudadana. Ahora bien, los poderes públicos tienen sobre todo responsabilidad en cuanto al cuido de naturaleza social, pero no pueden sustituir el cuido familiar. Sin embargo, ello implica consecuencias importantes en materia de relaciones de género. No se trata de abogar por la indisolubilidad del matrimonio o la reducción de la autonomía de las mujeres, sino de tener claro que los progenitores tienen la corresponsabilidad de constituir un pacto sólido en cuanto al cuido de los menores de edad que procrean.
El informe del PNUD sobre violencia en Centroamérica, con sus luces y sombras, constituye un valioso esfuerzo para captar la gravedad del problema y las vías posibles para enfrentarlo. Ojalá que los equipos técnicos de la candidata y los candidatos presidenciales en Costa Rica le presten la debida atención.
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