Alejandro González Jiménez
agonzalezj41@hotmail.com

El 12 de agosto pasado se celebró el Día Internacional de la Juventud, fecha que se conmemora por disposición de las Naciones Unidas desde 1999. Dentro del marco de esa fecha cabe hacer algunas reflexiones impulsados por la necesidad de continuar con la construcción y el ejercicio de derechos de las personas jóvenes que habitan Costa Rica.

Si bien es cierto que se ha dispuesto de una fecha para celebrar a la juventud, al igual que antes se conmemoraba en la tercera semana de abril a este sector de la población por un decreto ejecutivo de la Administración Trejos Fernández, tal como lo hacía también la Iglesia Católica en el mes julio, estas fechas no deben limitarse a recordar las carencias de las personas jóvenes, desde la situación del empleo o la educación, o desde sus potencialidades y las tareas que quedan pendientes por desarrollar en estos u otros campos del quehacer nacional; puesto que debe quedar claro que esto es un ejercicio permanente y cotidiano, ya que los derechos no son de un día sino de un proceso permanente.

Es oportuno resaltar, en consecuencia, que esta población cuenta hoy con instrumentos que les puede permitir hacer valer sus derechos, estipulados en marcos jurídicos de reciente cuño como la Ley General de la Persona Joven y la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes. Dichos instrumentos dan la guía adecuada de por dónde las instancias estatales y de la sociedad civil, propiamente las personas jóvenes, pueden caminar en la elaboración de agendas que les permitan construir y garantizar esos derechos.

Recordar o repasar algunos de los derechos establecidos en la citada normativa nos permite refrendar lo dicho: el derecho a la no discriminación es, si se quiere, de enorme importancia en lo que tiene que ver con la construcción de la equidad y la inclusión para una sociedad como la costarricense. Para que se cumplan estos dos aspectos hay que tener claro cuáles sectores de la población joven están excluidos o no cuentan con un acceso equitativo a los restantes derechos. Si el panorama se nos presenta en ese sentido deficitario nos corresponde, como ciudadanos y gobernantes, visibilizar esos grupos, construyendo en conjunto una agenda de inclusión y equidad. El Génesis nos habla, en las narraciones de la creación, que el hombre fue hecho a imagen y semejanza del creador; parafraseando esta referencia bíblica, nunca deberíamos decir, ni hay fundamento para ello, que estos grupos tienen en sus génesis tales o cuales características sociales o predestinar que unos sean pobres porque sí, como aquel dicho que dice que “quien nace para maseta no pasa del corredor”. En ninguna parte se expresa en esos pasajes de la creación que fuimos o somos echados al mundo con estas diferencias; éstas ocurren más bien por ambición, por egoísmo u otro motivo, producto de las actitudes o “aspiraciones” de unos seres humanos en detrimento de otros, por cuyo motivo se han dado luchas en la historia de la humanidad para alcanzar niveles más igualitarios de convivencia.

Otra prerrogativa sobre la que cabe una breve reflexión es la del derecho al trabajo que, además, debe visualizarse como una exigencia a un empleo de calidad. Pero no sólo se trata, ante la oportunidad que nos brinda la ley, de convertirnos en una sociedad empleadora, lo cual no es malo, solo que no debemos estancarnos allí, puesto que el derecho le brinda a las nuevas generaciones la oportunidad de generar una cultura empresarial, lo que dicho de otra manera, significa promover la creación de empresas cuyos dueños sean las mismas personas jóvenes.

Claro está, esas empresas deben crear condiciones salariales y de cumplimiento de garantías sociales diferentes a las ganancias o ingresos, pues no es lo mismo cubrir hoy las necesidades cotidianas de las personas dueñas con los ingresos de la empresa, en lugar de fijarse su salario y pensar para la posteridad el seguro, la pensión, y otras garantías sociales que el Estado promueve y demanda. Lo anterior significa dos cosas básicas: uno, invertir en estos tiempos para garantizar en estas propias personas y sus familias una calidad de vida sostenible en el tiempo, dos, cuando se habla de personas jóvenes dueñas de empresas, se habla de propiedad y de propietarios, es decir, si en la democracia política el núcleo es el sufragio en la democracia económica es la propiedad.

Un tercer derecho que merece mencionarse es el referente a la educación. Este país alcanzará niveles de desarrollo similares a los países desarrollados cuando alcance altos niveles de educación. Esto nos lleva a reflexionar que un derecho a la educación no debe circunscribirse sólo a su acceso sino también concebirse como un derecho a la calidad, así como las posibilidades reales de acceso en condiciones de equidad e inclusión. Es decir, la calidad del servicio debe ser igual tanto en San José como en Upala o en Ciudad Neilly; en esto, desde luego, hay mucho camino que recorrer. Igual exigencia debe tenerse con el derecho a la salud, puesto que el servicio debe ser de calidad y equitativo en cualquier rincón del país.

Otros derechos que, por falta de espacio, no se abordan aquí merecen igual reflexión, en ello nos queda por contemplar el derecho a la educación sexual y salud reproductiva, el derecho a la cultura, al deporte y la recreación. En otra oportunidad se pueden hacer estas reflexiones, siempre pensando en la lógica del adecuado ejercicio de los derechos en condiciones de inclusividad y equidad.

Por último, aprovecho este espacio para desear a todas las madres un feliz día y recordar en nuestras oraciones a las nuestras, quienes nos han precedido en su viaje hacia la patria celestial.